No podía imaginar la Ministra de Educación
Pilar del Castillo, que, cuando presentó el anteproyecto de la L.O.U (Ley Orgánica
de Universidades); cuyo objetivos principales eran mejorar la organización y
administración de las universidades españolas y reformar el método de acceso
hasta ellas para los alumnos; la reacción de grandes sectores de la comunidad
universitaria fuera salir a la calle a protestar por esta reforma y solicitar la
retirada inmediata del proyecto de ley.
Para el Gobierno eran reformas
muy satisfactorias (EURYDICE, 2010): impulsa
la acción de la Administración del Estado en la vertebración y cohesión
del sistema universitario, aumenta las competencias de las Comunidades
Autónomas en materia de enseñanza superior, incrementa el grado de autonomía de
las universidades, y establece los cauces necesarios para fortalecer las
relaciones y vinculaciones recíprocas entre universidad y sociedad, establece
que las funciones de la universidad son la creación, desarrollo, transmisión y
crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de
conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión,
la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura,
de la calidad de la vida y del desarrollo económico; y la difusión del
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación
a lo largo de toda la vida. Además, se creó la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA), que evalúa tanto las enseñanzas como la
actividad investigadora, docente y de gestión, así como los servicios y
programas de las universidades; la creación de un nuevo sistema de selección
del profesorado, que garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad;
y el impulso de la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores e
investigadores, dentro del sistema español e internacional.
Pero para los miembros de las universidades supuso
una declaración abierta de guerra. Así, el pensamiento de estos alumnos,
profesores, rectores, personal administrativo, etc. de las universidades españolas,
era que la nueva ley contribuye a una mayor politización universitaria, abierta
a los favoritismos y a conductas despóticas que solamente beneficiaban a las
clases más “pudientes”.
Estas protestas y manifestaciones se vieron reflejadas
en el concurso de Carnaval del año 2002. Destacan grandes letras, muy
críticas y bien acogidas por el público, de autores que siempre
han tenido a la juventud presente en sus coplas, entre los que están Joaquín Quiñones o Juan Carlos
Aragón.
La comparsa “En propia mano”, considerada por
muchos el gran cajonazo del año, se ponía en la piel una estudiante
universitaria que ve cómo su futuro se oscurece a pesar de estar estudiando una
carrera:
Con
apenas veinte abriles
ya
tienen que salir con puño en alto
y
pancartas
para
defender el futuro
que
ellos se curran
de
aula en aula.
Con
las casas de familia
que
hasta el alma han “empeñao”
“pa”
pagar una carrera
“pa” que el título en la alcoba
esté
colgao.
En
dónde están los programas
panfletarios
donde
se trapichea el voto
a
los universitarios...
No
digo yo que hagan caceroladas
tenían
que comerse a más de cuatro.
No
le dan vergüenza las sentadas
ni
los paros y manifestaciones
No
les da vergüenza “na” de nada
tienen
mayoría “pa” echar cojones.
Con
apenas veinte abriles
y
los libros bajo el brazo
hoy
ha escrito en su diario
¿por qué me están condenando al fracaso?
Retomando la Legislación Educativa desde la mirada de los autores del Carnaval de Cádiz, otra magnífica letra sobre la polémica Ley Orgánica de Universidades, es la que dedicó Juan Carlos Aragón Becerra en su chirigota
“Vota P.I.CH.A.”, 1er accesit del concurso 2002, que, representando un singular partido político, se
expresaban en contra de la manipulación de los gobiernos sobre los jóvenes
universitarios:
